Durante las primeras semanas permanecimos juntos en un centro de emergencia. Dormíamos en dos habitaciones contiguas y nos reuníamos en el comedor. Nos prometíamos que aquello sería temporal. Mi hermana mayor repetía que pronto encontrarían una casa grande donde pudiéramos vivir los seis.
La casa nunca apareció.
Primero se llevaron a los dos menores con una pareja que deseaba adoptar niños pequeños. Después, mi hermano mayor fue enviado a vivir con un tío en otro estado. Mi hermana de catorce años terminó en un hogar para adolescentes y yo fui colocada junto a otra hermana en una familia de acogida. Meses después, también nos separaron.
—Los adultos dijeron que continuaríamos en contacto —expliqué frente al tribunal—. Prometieron visitas, llamadas y cumpleaños juntos. Al principio lo intentaron. Después, cada familia tuvo sus reglas, sus horarios y sus problemas. Algunas llamadas dejaron de contestarse. Las direcciones cambiaron. Pasaron años antes de que lográramos encontrarnos otra vez.
La jueza observaba la fotografía sin decir nada.
Le conté que uno de mis hermanos nunca superó aquella separación. Creció convencido de que los demás lo habíamos abandonado. Otra de mis hermanas pasó por varios hogares y dejó de confiar en los adultos. Cuando finalmente nos reunimos siendo mayores, ya no éramos los niños de la fotografía. Nos queríamos, pero habíamos perdido los recuerdos cotidianos que construyen una familia: desayunar juntos, discutir por el baño, ayudarnos con las tareas o celebrar un cumpleaños en la misma mesa.
—No digo que cualquier hogar sea mejor solo porque mantenga unidos a los niños —continué—. Sé que necesitan seguridad, atención y estabilidad. También sé que mi casa no es perfecta y que voy a necesitar ayuda. Pero separar hermanos no es un detalle administrativo. Es otra pérdida. Ellos ya perdieron a sus padres. No deberían despertarse mañana y descubrir que también perdieron a la mitad de su familia.
El abogado de los niños me preguntó por qué no había mencionado antes mi experiencia en el sistema de acogida.
—Porque no quería que pensaran que estoy haciendo esto para reparar mi infancia —respondí—. No puedo cambiar lo que me ocurrió. Solo quiero que mi historia sirva para comprender lo que ellos pueden sentir.
La jueza hizo un receso. Los niños fueron llevados a otra sala mientras los profesionales conversaban. Yo me quedé sentada con la fotografía entre las manos. No sabía si mi testimonio ayudaría o si acabaría demostrando que estaba demasiado involucrada emocionalmente.
Después de casi una hora, todos regresamos.
La jueza aclaró que mi pasado no sustituía los requisitos legales ni eliminaba las preocupaciones existentes. Mi buena voluntad tampoco garantizaba que la colocación funcionara. Sin embargo, consideró que el vínculo previo con los niños, mi disposición a recibir apoyo y el daño potencial de separarlos justificaban explorar una alternativa.
No me concedió una custodia definitiva aquel día. Tampoco me permitió llevarlos a casa sin más evaluaciones. Ordenó una colocación temporal de emergencia bajo supervisión estricta, condicionada a que completara la capacitación, aceptara visitas frecuentes de trabajadores sociales y participara junto con los niños en terapia familiar.
Además, los servicios sociales debían ayudarme a conseguir camas, apoyo económico, transporte y cuidado infantil. La escuela colaboraría con un plan de adaptación y varios familiares tendrían que comprometerse por escrito a formar una red de apoyo.
Cuando la jueza terminó de leer las condiciones, me preguntó si seguía dispuesta.
—Sí, su señoría.
—Esto será más difícil de lo que imagina.
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