Esa tarde entramos a una oficina legal especializada en adultos mayores. El licenciado García escuchó todo con calma.
—Esto puede considerarse explotación financiera —dijo—. Actuaremos de inmediato.
Firmé documentos con manos firmes y el corazón roto: protección del inmueble, congelamiento de cuentas, revocación del poder notarial.
Proteger dolía. Porque significaba aceptar que mi propio hijo se había convertido en una amenaza.
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