Las víctimas fallecieron principalmente por asfixia. Tres de los cuerpos quedaron parcialmente calcinados. Se identificaron como: Ariana López Soto (24 años), Carmen Selene Moreno Zazueta (36 años), Verónica Picos Bastidas (22 años), Claudia Yaneth Bernal Delgado (25 años), Rosa Imelda Félix Gamboa y otra joven cuyo nombre también figura entre los registros.
Lo más perturbador: varias trabajadoras lograron comunicarse tanto con rescatistas como con sus familias, pidiendo auxilio. Dijeron que estaban atrapadas, que no podían abrir las puertas. Pero los que arribaron al siniestro descubrieron que era casi imposible romper las cortinas metálicas, candados o los sellos que tenían las salidas.
Mientras los equipos luchaban contra las llamas, el fuego parecía reavivarse en momentos críticos. Era una batalla complicada. Algunos intentos por romper paredes o abrir boquetes se hicieron con maquinaria pesada, aunque la situación ya era límite.
Desde días posteriores, las familias de las víctimas empezaron a exigir explicaciones. ¿Quién ordenó cerrar las entradas? ¿Estaba previsto un protocolo de emergencia? ¿Tenía la tienda salidas alternas? Muchas de esas preguntas quedaron latiendo en el aire durante años.
Una de las promesas públicas fue que se facilitaría información a la justicia y apoyo para los familiares. Directivos de Coppel declararon que un corto circuito en el sótano podría haber sido el origen del fuego, y que éste se propagó hacia los pisos superiores. Pero esas explicaciones no terminaron de convencer a quienes vivieron el drama de cerca.
Las familias reclamaban no sólo justicia, sino también acciones concretas: compensaciones, apoyo para los hijos huérfanos, entrega de pertenencias, saber la verdad sobre lo ocurrido. Pasaron meses, años, y muchas de esas promesas se quedaron flotando entre papel y voces.
Para dar un rostro humano a este caso, basta imaginar lo que significó para los hijos huérfanos. Claudia Bernal tenía un pequeño Sebastián que jamás entendería del todo por qué su madre no regresó. Carmen Moreno dejó un hijo llamado Ángel, quien quedó al cuidado de familiares. Cada rostro que quedó atrás experimentó dolor, silencio y una espera angustiosa.
Un dato que retumba: algunos empleados mencionaban que era habitual que se “cerrara” la tienda por la noche para hacer inventarios o cortes de caja. Si bien esto no justifica nada, añade una capa de suspicacia al caso: un procedimiento interno que, convertido en rutina, pudo haber ignorado los riesgos de seguridad.
Otro punto controvertido: las salidas de emergencia. Versiones indican que existía sólo una salida, y que ésta estaba en la azotea, inaccesible sin equipo especial. Eso implicaría que, de tener llaves para otras puertas, las trabajadoras no las poseían, pues no pudieron salir.
Las investigaciones oficiales nunca cerraron de forma contundente en cuanto a responsabilidades. En algunos discursos, se indicó que se hallaban estudios periciales avanzados, casi terminados. Pero las familias continuaron exigiendo claridad y justicia.
Más allá del suceso técnico, esta historia golpea por lo humano. Imaginar a esas mujeres asfixiándose, atrapadas, llamando por ayuda, mientras el humo lo invadía todo, genera una impotencia difícil de borrar. ¿Cuántas veces trabajadoras vulnerables han sido olvidadas o invisibilizadas por reglamentos debilitados o por cultura de impunidad?
También hay quienes advierten sobre la línea del rumor y la ficción: circulan versiones de fotografías filtradas, del uso de ese caso como base para series o narrativas relacionadas, algunas verídicas y otras exageradas. Por ejemplo, investigaciones periodísticas han desmentido que ciertas imágenes atribuidas a ese incendio correspondan en realidad a la tragedia real.
Este caso se mantiene vivo en la memoria colectiva de Culiacán y México entero. Los familiares insisten en que no basta con condolencias ni discursos. Quieren respuestas claras, sanciones, un cierre digno al dolor que quedó abierto. Y muchas veces, ese reclamo choca con la lentitud institucional.
Quizás algunos días un incendio es sólo un accidente. Pero en El Caso Coppel las circunstancias – puertas cerradas, acceso bloqueado, protocolo flojo – configuran un escenario íntimo de responsabilidad. No es fácil deslindar la tragedia del descuido, de la negligencia, del silencio administrativo.
Al final, “las seis que nunca salieron vivas” no sólo son nombres sobre un registro, sino vidas arrancadas prematuramente, historias truncas que dejaron familias rotas. Siendo tan real como lo trágico, este hecho nos obliga a recordar que detrás de una tienda, un contrato o un turno nocturno, están seres humanos con derechos y protección.
Hoy, años después, la llama sigue viva: sigue la exigencia de justicia, sigue el recuerdo de esas mujeres que aquel 10 de noviembre entraron convencidas de que saldrían como habían entrado. Y no fue así.
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