Los abogados comunicaron que la investigada recibió un diagnóstico de trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia y que utilizaba medicamentos psiquiátricos.
La defensa sostiene que su estado podría afectar su capacidad para comprender la gravedad de los hechos. La Policía, por otro lado, señaló que encontró indicios de planificación y no solicitó inicialmente un examen de inimputabilidad.
La existencia de un diagnóstico no determina automáticamente si una persona puede responder penalmente. Esa cuestión debe ser analizada mediante peritajes y una decisión judicial.
También es importante evitar generalizaciones. Las personas con trastornos mentales no son necesariamente peligrosas, y un caso particular no representa a quienes reciben atención psiquiátrica.
Última actualización: suspensión profesional
El 29 de julio de 2026, el Consejo Regional de Enfermería de Piauí suspendió cautelarmente la inscripción profesional de Auricélia de Sousa Rocha.
La medida le impide ejercer como técnica de enfermería mientras se desarrolla el procedimiento ético. Puede presentar un recurso, pero este no suspende automáticamente la medida preventiva.
El Coren-PI había abierto una investigación ética desde los primeros días del caso. El organismo aclaró que los hechos involucran a una profesional específica y no deben atribuirse al resto del personal de enfermería de la maternidad.
¿Hubo una falla de seguridad en el hospital?
La dirección de la maternidad lamentó lo ocurrido, pero sostuvo que la unidad posee lectores faciales, accesos mediante códigos y profesionales capacitados.
La sospechosa pudo entrar porque era trabajadora del establecimiento y conocía sus áreas internas. También utilizó su uniforme y su relación profesional con la institución para ganar la confianza de la familia.
Aunque el hospital negó una falla general en sus sistemas, abrió un procedimiento administrativo y apartó a la técnica de sus funciones.
El caso demuestra que la seguridad no depende únicamente de cámaras y puertas. También requiere comprobar identidades, limitar el acceso de empleados fuera de servicio y mantener una comunicación clara con las familias.
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